TEORIA DE LA JUSTICIA Y DERECHOS

PROBLEMAS SEGUN LA TEORIA DE LA JUSTICIA

Problemas desde el punto de vista de la teoría de la justicia y cómo se respetarían los derechos de los involucrados en este caso

Recordemos que la justicia consiste en tratar a las personas de un modo que asegure que cada uno obtenga lo que merece en cada situación. Eso implica, por un lado, procedimientos justos y por el otro, resultados justos. De ahí que la teoría de la justicia se base en un sistema que proteja a las personas y defienda sus derechos, sobre todo de aquellas excluidas por motivos económicos, sociales o culturales.

A continuación se detallan los dos problemas relacionados a la teoría de la justicia y derechos:

Un primer problema es que el fraude de Proyecciones D.F.R.E. se realizó de manera indiscriminada y sin control, al perjudicar a personas de características muy variadas, ya que los clientes provenían de distintas clases socio-económicas, género, edad e incluso nacionalidad. Finalmente no importaba de quién proviniera la inversión, sino que se acumulara en la empresa; sin embargo, se jugó con el dinero de todos sin importar el valor que éste realmente significaba para los mismos. Muchas personas humildes, incluso dejaron de trabajar en el campo de Nariño e invirtieron todos sus ahorros en esta empresa por el entusiasmo de ganar altas rentabilidades, pero lo terminaron perdiendo todo. Definitivamente, no se actuó de manera correcta y justa; la manera en cómo el dueño engañó a sus inversionistas por pura ambición no tiene justificación. Éste no asumió sus responsabilidades, prefiriendo huir del país y dejando a su empresa, empleados e inversionistas desamparados y sin devolverles un céntimo.

Los daños causados fueron tan graves que dejaron a Colombia en estado de emergencia social y económica por varias semanas, donde muchos inversionistas quedaron en la calle. El dueño de la empresa no tuvo derecho de entrometerse de tal modo en la vida de los inversionistas, cambiando totalmente su futuro al traicionarlos desde el inicio, haciéndoles pensar que su dinero estaba seguro y en buenas manos. Podemos ver que hubo definitivamente un abuso de confianza, donde no existió justicia para los involucrados en ningún momento; fue una empresa que por su naturaleza estafadora no protegió, ni se responsabilizó por su clientela, atentando contra su derecho a la honestidad y estar informada. En este sentido, para respetarse los derechos de los inversionistas, primeramente se debió llevar el negocio por otro rumbo: ser una institución financiera sin un esquema piramidal, la cual haya inspirado confianza y haya sido supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros del país. Además, lo esencial para que fueran respetados los derechos de los inversionistas debió ser devuelto todo el dinero de inmediato, pero el dueño desapareció por meses, perjudicando al sector financiero y moralmente a todos los que habían depositado su confianza en él.

El segundo problema hace referencia al gobierno colombiano: en efecto, este también tuvo parte de la culpa del colapso de la empresa D.R.F.E. por no haber intervenido antes, frente a una empresa que se considera ilegal en Columbia, según su legislación. Recién al enterarse de que había problemas con Proyecciones D.R.F.E., y cuando ya era tarde para actuar y el daño ya estaba hecho. Además, fue a raíz de esta situación ejemplar que las autoridades tomaron acción y descubrieron muchas otras empresas que seguían un esquema de pirámide en Columbia, donde se aprovechaban del dinero de sus inversionistas.

Esto es un gran problema de justicia porque las autoridades reguladoras y el gobierno no desempeñaron su papel; esperaron que se desatara un caos para recién entonces actuar, en vez de investigar y anticiparse para proteger y cuidar a la población, velando por sus derechos. Nuevamente no hubo procedimientos justos, ya que el gobierno no tomó las medidas legales adecuadas desde el momento en que se fundó la empresa; no hubo un control y supervisión de la misma para así asegurarse que era una empresa capaz de responsabilizarse por el dinero de sus inversionistas. Por más de no ser una captadora legal de dinero y no ser supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros, el gobierno debió intervenir porque es evidente que cualquier problema generado por una empresa repercute finalmente en los ciudadanos y sociedad, más aún si veía que se estaban produciendo indicios de lo que parecía ser una estafa. Es así como los derechos de los involucrados se hubieran respetado; era cuestión de ser más cuidadosos y estrictos con entrada de empresas, sobre todo financieras, al mercado colombiano, más aún si existe una ley referente a las captadoras ilegales de dinero. Asimismo debió de tomar medidas en el momento en que ocurrieran sospechas.