CASO

CASO ELEGIDO

En esta oportunidad, basaremos el desarrollo del trabajo a partir de la crisis económica en noviembre 2008 al sur de Colombia, a raíz de fraudes de empresas nacionales basadas en esquemas piramidales. Para ello, nos enfocaremos en el caso de la una de estas empresas, Proyecciones D.R.F.E (Dinero Rápido, Fácil y Efectivo), quien a su vez fue la principal causante del fenómeno económico. Para entender mejor la actividad de dicha empresa, explicaremos de qué trata el famoso esquema piramidal, del cual se rige el funcionamiento de dicha organización.

Se conoce como pirámide a un esquema de negocios en el cual los participantes refieran a más clientes con el objetivo de que los nuevos participantes produzcan beneficios a los participantes originales. Existen dos tipos de pirámides, abiertas y cerradas, pero nosotros nos centraremos en las segundas, llamadas también esquemas Ponzi, al ser las más comunes y la que usaba la empresa en cuestión.

En este caso, el dueño de la pirámide, el cual puede ser una persona o institución, se presenta como un mediador de inversiones, ya que vende la idea que hay una inversión de muy alta rentabilidad detrás del negocio. De esta manera, recibe aportes de los participantes, que promete invertir y al cabo de un tiempo devuelve la inversión inicial con intereses muy altos. Sin embargo, es falso que el dinero entregado al dueño será destinado a otra inversión porque no hay retornos de tal magnitud basados en un negocio real que lo sustente. En realidad el dueño solo administra los pagos, utilizando las contribuciones de los participantes tardíos para devolver los aportes y sumar el interés a los primeros participantes. A su vez, la ganancia del dueño de la pirámide, vendría a ser una porción importante sobre montos recibidos antes de pagar a los inversionistas anteriores.[1]

El riesgo de un esquema piramidal es que funcionan mientras existan nuevos participantes en cantidad suficiente, siendo un número superior que el de los originales. A medida que se satura la población objetivo; es decir, no se consiguen a más inversionistas, el retorno será mucho menor del esperado y la mayor parte de los participantes, sobre todo los tardíos, termina sin beneficio alguno, perdiendo totalmente su inversión. Resulta ser un sistema donde los beneficiados son limitados una vez que se empieza a dar de la saturación de la pirámide. Por ello, estas pirámides son consideradas estafas, siendo ilegales en varios países, como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Rumania, Colombia, Malasia, Noruega, Bulgaria, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Nepal, Filipinas, Sudáfrica, Sri Lanka, Tailandia, Venezuela, Irán, República de China, España y en el Ecuador. [2]

Con esta información en mente, podemos darnos cuenta del tipo de negocio que tenía entre manos Carlos Alfredo Suarez, un hombre que pasó de vender obleas a ser dueño y fundador de Proyecciones D.R.F.E. Tan solo seis meses de haber abierto sus puertas en setiembre del 2007, había logrado conquistar el mercado colombiano, aplastando a su competencia directa (DMG) al contar con más de 60 sucursales en diferentes regiones del país, teniendo como sede principal la ubicada en San Juan de Pasto (región de Nariño).

Proyecciones D.R.F.E es una empresa empezó prometiendo un 70% de interés mensual en base a la inversión, el cual fue subiendo hasta llegar al 150% de rentabilidad para captar aumentar el tamaño de la pirámide. Sin embargo, la primera mala señal surgió a comienzos de noviembre del 2008, cuando la empresa suspendió los pagos a sus inversionistas. A pocos días, comunicó que reactivaría los desembolsos pero reduciendo el porcentaje de dividendos nuevamente a un 70%, penalizando con cero utilidades a aquellos quienes exigieran el pago inmediato del capital invertido, lo cual los obligaba a quedarse e incluso invertir un poco más en el negocio. Era evidente que la población de la pirámide estaba saturada, y fue esta nueva situación la cual creó la rápida circulación de rumores sobre el negocio e hizo que gran mayoría de clientes entraran en pánico, queriendo reclamar su dinero cuanto antes.[3] Además, fue razón para que el gobierno empezara a realizar investigaciones sobre la índole de este tipo de negocio y de otros similares en la región.

El colapso de la pirámide ya era un hecho, por lo cual tanto el dueño de Proyecciones D.R.F.E como sus empleados no tuvieron mejor idea que limpiarse las manos y escapar con grandes sumas de dinero, estafando a seis millones de colombianos con un monto de aproximadamente dos billones de pesos.[4] Ante el escándalo económico ocasionado principalmente por las dos empresas más poderosas del rubro, D.R.F.E y DGM, el gobierno decretó un “estado de emergencia social” y dio poder a la Superintendencia de Comercio para intervenir y cerrar empresas que se consideraran sospechosas de cualquier delito financiero como atraer dinero del público, lavar dinero, entre otros.

El caso de Proyecciones D.R.F.E es un perfecto ejemplo de abuso de confianza de delito mayor, donde la ética para los negocios juega un rol importante: la empresa al ofrecer tremendos retornos se gana la confianza de los clientes potenciales, involucrándolos en un sistema que engaña a los mismos inversionistas, ya que se maneja el dinero de manera sucia y sin pensar en futuras complicaciones que afectan enormemente a diversos stakeholders y no solo a los clientes.

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[1] Cfr. (http://www.dahousecat.net/2009/09/08/piramides-de-inversion-el-exito-del-esquema-ponzi/)

[2] Cfr. (http://web.superban.gov.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/articulos_financieros/Estudios%20Tecnicos/AT35_2009.pdf)

[3] Crf.(http://www.semana.com/noticias-problemas-sociales/cayo-drfe-primera-ficha-del-domino/117854.aspx)

[4] Cfr. (http://web.superban.gov.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/articulos_financieros/Estudios%20Tecnicos/AT35_2009.pdf)

Pirámides derrumbándose

“Tan sólo bastó la primera insinuación a un rumor en que el gobierno estaba a punto de clausurar un sistema piramidal de inversiones ilegal para que los dueños del desfalco huyeran del país, lo que incitó a cientos de miles de inversionistas furiosos a manifestar en 13 ciudades de toda Colombia: fachadas de tiendas fueron incendiadas, oficinas saqueadas y edificios gubernamentales atacados en violentas protestas que dejaron un saldo de dos muertos, incitando al gobierno a declarar un estado de emergencia.

Las manifestaciones comenzaron luego que se difundieran las noticias de que los dueños de Proyecciones DRFE (las iníciales de Dinero Rápido Fácil en Efectivo), un sistema de inversión en el cual cientos de miles de colombianos había sumergido sus ahorros, habían desaparecido. Tentados por astronómicas tasas de retorno, muchos inversionistas desde pobres campesinos hasta senadores adinerados, habían vendido sus casas o solicitado préstamos con la esperanza de ver su dinero duplicarse en tan sólo unos meses. Algunos incluso renunciaros a sus empleos. Ahora muchos de ellos han sido dejados virtualmente sin un solo centavo.
DRFE es una de las más de 200 firmas colombianas sospechosas de recibir depósitos ilegalmente por parte de inversionistas, ofreciendo tasas de interés de hasta un 300% en tan sólo seis meses. Algunos de ellos actúan como clásicas estafas piramidales bajo las cuales los inversionistas iníciales obtienen jugosas ganancias de otros inversionistas que ellos se arreglan en atraer. El sistema continúa pagando hasta que nuevos inversionistas dejan de llegar o los dueños deciden desaparecerse sin previo aviso. Otros son más sofisticados al aparentar ser compañías normales vendiendo mercancía, pero pagan a sus clientes con "puntos" canjeables por dinero en efectivo luego de seis meses.

En Bogotá, los funcionarios pasaron los primeros días luego de las manifestaciones culpándose mutuamente por fallar en prevenir la crisis, y el titular de regulación financiera del país presentó su renuncia. Cuando el gobierno al fin reaccionó, el 17 de noviembre, iba a declarar un estado de "emergencia social". Esto le permite al presidente Álvaro Uribe mandar por decreto. Entre las primeras medidas anunciadas está un aumento en las condenas a prisión para los cabecillas de tales timos de seis a 20 años. Al mismo tiempo, se les ha otorgado a los alcaldes y gobernadores nuevos poderes para clausurar a las firmas ofensoras sin atravesar las comunes montañas de papeleo.

El gobierno dice que espera retornar el efectivo a los inversionistas utilizando dinero y activos incautados de estas compañías. Pero aunque el Sr. Uribe advirtiera a los clientes durante una alocución televisada durante esa misma semana, muchos de ellos todavía perderán su dinero a pesar de los esfuerzos del estado. Hasta ahora, 92,4 mil millones de pesos (US$42 millones) han sido incautados de las oficinas del DRFE, aunque los funcionarios creen que la compañía puede haberse llevado hasta US$200 millones en depósitos. Los activos de la compañía DMG Grupo Holding, la cual evolucionó de una simple pirámide a un sofisticado sistema de inversión con unos 200,000 clientes, están todavía por ser evaluados, aunque representantes de la firma dicen no tener todo el dinero para así compensar a todos sus inversionistas.”

Revista: The Economist, Noviembre 2008.
Este caso es un lamentable ejemplo del abuso de confianza que hacen las empresas que no valoran la confianza que depositan sus stakeholders en ellas. En las siguientes entradas de este blog se evaluarán algunos aspectos relacionados a este tema.